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Malí ha enfrentado una crisis humanitaria y de seguridad desde 2012, con grupos armados que ocupan gran parte del territorio y millones de personas que carecen de alimentos. Es por ello que se ha clasificado como un país en transición desde 2015, y con la llegada del COVID-19 se debilitará aún más su economía. En comparación con el pronóstico anterior a la crisis, el país podría experimentar una pérdida del crecimiento de hasta el 5.4%. Esta recesión vendría de una contracción de la producción en algunas industrias, medidas restrictivas en los sectores de hoteles, transporte, comercio y restaurantes, y una reducción de las inversiones públicas y la demanda interna. Así, el PIB en 2020 crecería aproximadamente un 1.4% en el mejor de los casos. La disminución general de la actividad económica probablemente aumentará el déficit presupuestario al menos en un 1.7% del PIB debido a una pérdida de ingresos fiscales y un aumento de la deuda pública, pero que debería ser compensado por la suspensión temporal del servicio de la deuda declarado por el FMI. El déficit de la cuenta corriente podría mejorar ligeramente, ya que las importaciones pueden disminuir más rápido que las exportaciones y los precios del petróleo probablemente caerán. En comparación con 2019, se espera que la inflación muestre un ligero aumento debido a posibles interrupciones del suministro. Si la situación global mejora, el crecimiento podría recuperarse en 2021 entre el 3.3% y el 4.0%.
La economía depende en gran medida del oro y el algodón, que constituyen aproximadamente el 86% de las exportaciones. El principal destino de estas exportaciones es Suiza, seguido de los Emiratos Árabes Unidos y en menor medida Burkina Faso y Costa de marfil. Sus importaciones se componen sobre todo de petróleo, seguido de medicamentos y cemento, entre otros. Senegal y China son sus principales proveedores, seguidos de Costa de Marfil y Francia. Dada la poca diversificación, la economía depende de los precios de las materias primas en los mercados internacionales, y la acumulación de atrasos en el pago de la deuda interna presenta el riesgo de estancar la actividad económica y el sector privado. La creación de la Zona de Libre Comercio de África y la moneda única de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) debería fortalecer la integración de Malí en la región.
El país necesita mejorar la situación política actualmente, en periodo de transición tras el reciente golpe de Estado Militar, y de seguridad para que la economía crezca, además de los déficits críticos de infraestructura. En esta línea, en 2019 se adoptó un marco estratégico nacional para la revitalización económica y el desarrollo sostenible 2019-23. Por otro lado, el gobierno aprobó la Ley de Acuerdo Nacional y lanzó el diálogo nacional inclusivo, destinado a calmar el clima social y encontrar soluciones a la crisis implantada desde años, a la que ahora se le suma la crisis sanitaria. En cuanto a la seguridad, se ha avanzado gracias a la implementación del acuerdo de paz a través del programa de desarme, desmovilización y reintegración y a la operatividad de las autoridades provisionales del norte. El gobierno también ha establecido un plan de seguridad integrado para el centro de Malí y un marco político para gestionar la crisis. Para promover el sector privado, el gobierno lanzó el Programa de Infraestructura Económica con el objetivo de crear carreteras y puentes para 2023. Además de los problemas de seguridad que continúan siendo una preocupación central, ahora las autoridades malienses están centrando sus esfuerzos en medidas socioeconómicas y de salud para combatir el COVID-19. Con este fin, el gobierno adoptó un plan de acción de prevención y respuesta destinadas a apoyar a las empresas y los hogares más vulnerables, que hará que los otros proyectos se ralenticen o se pospongan.
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Fuente: ICEX y Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
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