SAHEL: POR UN ENFOQUE RENOVADO, de Niagalé Bagayoko

SAHEL: POR UN ENFOQUE RENOVADO
13/5/21, Casa África/online

Niagalé Bagayoko, presidenta de la Red Africana del Sector de la Seguridad (ASSN)

Año tras año, las poblaciones civiles del Sahel, especialmente de Malí, Burkina Faso y Níger, se enfrentan a amenazas cada vez mayores. Como muestran los datos agregados por la ONG ACLED, los ataques a la población civil se han  quintuplicado en los tres países del centro del Sahel. El número de civiles muertos también se ha multiplicado por siete en el mismo periodo. Y lo que es más llamativo, los atentados de los grupos yihadistas están lejos de terminar: al  contrario, casi se han duplicado cada año desde 2016. Diferentes grupos de actores armados tienen como objetivo a los civiles, que a menudo quedan atrapados en el fuego cruzado: yihadistas, por supuesto, pero también criminales, grupos  de autodefensa o milicias comunales, y miembros de las fuerzas de defensa y seguridad. De hecho, en 2020 murieron más civiles a manos de los soldados que debían protegerlos que de los grupos yihadistas. Estas cifras devastadoras indican  el fracaso de una estrategia basada exclusivamente en la lucha antiterrorista, tal y como se ha llevado a cabo en el Sahel desde 2013.

La atención prestada a las operaciones antiterroristas en los últimos años ha relegado a un segundo plano la necesidad de abordar las causas profundas de una crisis multidimensional que precedió a la aparición de los grupos yihadistas. Una  respuesta puramente militar no puede abordar estas cuestiones, especialmente las de la gobernanza y legitimidad del Estado.

Dada la incapacidad de la respuesta actual para proteger a los civiles, es necesario un nuevo enfoque que se  centre principalmente en las necesidades de la población y que no tenga como principal medida de éxito el número de "terroristas neutralizados" que figuran en los comunicados de los ejércitos nacionales o internacionales implicados en el  Sahel. Esto implica evaluar la eficacia de las operaciones respondiendo a las siguientes preguntas: ¿cuántas escuelas y centros de salud se han reabierto como resultado de la intervención militar? ¿Puede la gente acceder ahora a sus campos  para cultivar o apacentar su ganado? ¿Se ha liberado el acceso a los mercados de los pueblos vecinos gracias a las operaciones? ¿Las operaciones han permitido el retorno seguro, voluntario e informado de los desplazados internos y los refugiados?

Este nuevo enfoque se basa en un cambio radical de prioridades. En respuesta a los cuatro pilares definidos en la Cumbre de Pau de enero de 2020 y consolidados desde entonces en el marco de la Coalición Internacional para el Sahel (lucha contra los grupos terroristas armados; refuerzo de las capacidades de las fuerzas armadas sahelianas; apoyo al retorno del Estado y de las administraciones a los territorios; apoyo a la ayuda al desarrollo), la Coalición Internacional para el  Sahel, a la que pertenezco, propone dar prioridad a los siguientes 4 "pilares ciudadanos": situar la protección de los civiles en el centro de la respuesta a la crisis saheliana; apoyar las estrategias políticas para resolver la profunda crisis de  gobernanza que está en el origen de la crisis; responder a la emergencia humanitaria; y, por último, poner fin a la impunidad, en particular de los abusos cometidos por las fuerzas de defensa y seguridad.

Para cada una de estas prioridades, hemos formulado recomendaciones específicas, que no pretenden abordar todos los aspectos de la crisis saheliana, sino que se centran en ámbitos concretos como, por ejemplo, el establecimiento en  todos los ejércitos sahelianos de mecanismos inspirados en el MISAD (Mecanismo de Análisis, Seguimiento e Identificación de los Daños Causados a los Civiles), que tan oportunamente adoptó el pasado mes de febrero el G5/Sahel con el  apoyo de la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este tipo de mecanismo, que se ha probado en otros escenarios de operaciones antiterroristas, como Afganistán, prevé el  pago de indemnizaciones, por ejemplo, cuando los civiles han muerto, el ganado se ha dispersado, los campos han resultado dañados o las viviendas han sido destruidas en el transcurso de una operación. Esto no implica responsabilidad  penal, sino que es una reparación simbólica que reconoce el sufrimiento causado.

Cada vez más gobiernos sahelianos, así como sus socios internacionales, están de acuerdo en la necesidad de cambiar el enfoque. Este es el sentido de la famosa "oleada civil y política" declarada necesaria por los propios Jefes de Estado del  Sahel y sus socios internacionales, al término de la Cumbre de Nuakchot de los días 15 y 16 del febrero. Sin embargo, como declaró el propio Presidente de la Comisión de la Unión Africana al final de la Cumbre, ya no es posible contentarse  con conjuros y declaraciones de intenciones.

La lucha contra la impunidad, por ejemplo, es un elemento esencial para reconstruir la confianza entre la población y el Estado, y acabar así con el fenómeno que lleva a algunas personas a unirse a las filas yihadistas por resentimiento o  venganza cuando han visto a sus familiares muertos en ejecuciones extrajudiciales, ser víctimas de desapariciones forzadas o sufrir detenciones arbitrarias. Los actores armados no estatales, incluidos los yihadistas, no pueden equipararse a  las fuerzas de defensa y seguridad: estas últimas tienen el mandato legal de defender las instituciones del Estado y garantizar la protección de sus ciudadanos. Cualquier desviación por su parte no sólo mancha la reputación del sistema de  defensa y seguridad, sino también la de la legitimidad del Estado bajo cuya autoridad están facultados para utilizar el monopolio de la coerción organizada. Las violaciones cometidas por algunos soldados chadianos del 8º batallón de la  Fuerza Conjunta G5/Sahel nada más ser desplegados en suelo nigeriano el pasado mes de marzo -incluso a una niña de 11 años y a una mujer embarazada- son pura y simplemente inadmisibles, como reconocieron inmediatamente las  autoridades chadianas y el mando de la fuerza. Por ello, los Estados sahelianos deben poder investigar y, en su caso, sancionar y castigar a los miembros de las fuerzas de defensa y seguridad sospechosos de haber cometido abusos contra la  población civil. Esto significa reforzar los recursos de las unidades de instrucción y las inspecciones generales de las fuerzas armadas, reformar los códigos de la justicia militar y dotar a la justicia de recursos específicos, como las capacidades  forenses. Pero esto también requiere voluntad política al más alto nivel. En Níger, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es a su vez una institución estatal, ha realizado un notable trabajo para documentar los  asesinatos de varias decenas de civiles a manos de soldados en Inatès en 2020.

El tema de los grupos de autodefensa también es muy importante. Han surgido para compensar las insuficiencias de los Estados y sus intervenciones suelen ser aclamadas por la población. Pero algunos tienden a actuar fuera de cualquier  marco legal, a pesar de los intentos de algunos gobiernos por regular sus intervenciones, y algunos han sido culpables de abusos muy graves. También ellos deben estar sometidos a las más estrictas exigencias en materia de derecho penal y  de lucha contra la impunidad.

Es urgente reordenar las prioridades complementando el enfoque antiterrorista con una respuesta que priorice la protección de los civiles, la lucha contra la impunidad y la crisis de gobernabilidad. En términos más generales, parece  imperativo tener en cuenta al máximo las realidades locales a la hora de combatir el proyecto de los grupos yihadistas, oponiendo respuestas políticas con objetivos claros, al servicio de los cuales el instrumento militar puede así movilizarse  con mayor eficacia.